El caso colombiano muestra todo lo que puede salir mal cuando un gobierno desatiende el clamor social. Para la región puede ser el renacer de una ola de protestas puesta en pausa, y agravada, por la crisis sanitaria

Por: Juan David Olmos

La semana pasada Cali, la tercera ciudad de Colombia, pareció por momentos el escenario de una guerra civil. El domingo 8, en el marco de las protestas contra el Gobierno, un grupo indígena marchaba —es lo que ahora llaman una minga— por el sur de la ciudad, una zona de clase alta, y de pronto el caos se apoderó del lugar. Según voceros del Consejo Regional Indigena del Cauca, los residentes de los lujosos conjuntos cerrados comenzaron todo cuando los atacaron a bala al pasar por el lugar. Según los residentes, los miembros de la minga los encerraron, montaron retenes, requisaron víveres a nombre de su causa, invadieron propiedad privada y hasta quemaron camionetas de personas que tuvieron la mala suerte de quedar atrapadas por las manifestaciones. Y algunas de ellas, cansadas de los bloqueos que han desabastecido a la ciudad y de la inacción de la Policía, reaccionaron con violencia. Hubo detonaciones, machetes al aire, piedra de lado y lado y al final 10 indígenas resultaron heridos.

Mientras tanto, el presidente, Iván Duque, se negaba a ir a la ciudad, alegando que su presencia podía “distraer el trabajo de la Fuerza Pública”. Después de recibir fuertes críticas de políticos hasta de su propio partido, optó por ir en la madrugada en un vuelo furtivo. Estuvo tres horas en la ciudad, se reunió con el alcalde y con las demás autoridades y voló de vuelta a Bogotá antes de que saliera el sol. Sea como fuere, quedó la sensación de que el presidente había sucumbido al temor de poner la cara en Cali, lo que sonó como un pésimo mensaje para la ciudad. 

El hecho fue apenas la expresión más reciente del grado de descontrol de una crisis social compleja que lleva ya dos semanas y no parece en camino de concluir pronto. Y sucedió en Cali, epicentro de las protestas, pero pudo pasar en casi cualquier rincón del país. En total, según la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, cerca de 500 municipios han tenido marchas y protestas. Eso es casi la mitad del país (lo cual también demuestra que no es un fenómeno exclusivamente de las ciudades).

Las protestas han producido ya 47 muertos, 362 heridos y 1.055 detenciones arbitrarias. Las manifestaciones empezaron contra una reforma tributaria que aumentaba el costo de servicios y bienes esenciales, pero el Gobierno la retiró al cuarto día de protestas. Sin embargo, eso no frenó la ira de la calle. Las manifestaciones ya habían tomado impulso y ahora hacían reclamos sociales de vieja data exacerbados por una ola de desespero, inconformismo y descontento frente al Gobierno. Ha habido claros casos de abuso policial, registrados gracias a las redes sociales, no suficientemente condenados por las autoridades, como también actos de oportunismo vandálico. Todo ello, sumado a un débil manejo político, creó una tormenta perfecta que amenaza la estabilidad política de Colombia y proyecta su ejemplo sobre otras partes del continente.

El COVID-19 no solo ha matado gente: también ha acrecentado las necesidades de los colombianos. De los 2,4 millones de hogares que no pueden hacer tres comidas al día, 1,6 millones se lo deben a la pandemia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Cerca de 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza. Colombia sufrió en 2020 una caída de 6,8 por ciento de su PIB, la mayor desde que existe registro. Y ese agregado disfraza otros impactos sobre su población más vulnerable, la que trabaja en sectores más informales, que tiene una probabilidad 10 veces más alta de contraer COVID-19.