Para el abogado defensor de presos polÃticos Joel GarcÃa, la arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra la sociedad civil en Venezuela luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio ha sido la más cruenta en los últimos 25 años.
A juicio de GarcÃa, en este momento “nadie en Venezuela está a salvo, todos estamos en libertad condicionalâ€. El abogado hizo la afirmación este martes 17 de septiembre durante una nueva edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual, la cual llevó por tÃtulo El drama de los presos polÃticos en Venezuela.
En el programa, que estuvo conducido por VÃctor Amaya, director de TalCual y Luis Blanco, director de Runrun.es, GarcÃa aseguró que en Venezuela se puede ir a la cárcel por el simple hecho de emitir una opinión en público o redes sociales, haber sido testigo o miembro de mesa el 28J, ser polÃtico, activista, periodista o colocar un estado de Whatsapp.
“No sabemos si esta conversación que tenemos ahora pueda ser considerada un acto de terrorismoâ€. Según GarcÃa, esta arremetida poselectoral del régimen chavista no ha concluido y continúa con la edificación o remodelación de prisiones, imputaciones de delitos de odio y terrorismo y aumento de la cifra de presos politicos.
Para el abogado existe una marcada diferencia entre las represiones en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014, 2017 y 2019 y las recientes luego del 28J.
“Más allá de lo cuantitativo, estamos viendo que desde enero de este año, a ninguna de las personas detenidas les han permitido designar defensores de confianza y el ejemplo más ferviente es el caso de RocÃo San Miguel, que está presa desde febrero y sigue sin derecho a abogado privadoâ€.
GarcÃa denunció que a abogados como él ni siquiera les dan acceso a los tribunales: “Los jueces de control son los primeros que vulneran los derechos, las audiencias son masivas, no se individualizan conductas. El fiscal (Tarek William Saab) dice que no tiene denuncia alguna por violaciones a derechos humanos y eso es porque a los defensores públicos les prohÃben denunciarâ€.
El abogado sentenció que cualquier funcionario público está obligado a denunciar tratos crueles y degradantes. “Esa omisión es considerada un delito. El asunto es que a los defensores les prohÃben denunciar cualquier irregularidad porque el resultado es declarar sin lugar y corren el riesgo de perder sus cargos incluso su libertadâ€,
GarcÃa citó el caso de Maglen Marin RodrÃguez, quien se desempeñaba como fiscal provisoria del estado Anzoátegui y fue destituida e imputada por supuestamente cometer el delito de “omisión intencional†en un proceso judicial contra cuatro manifestantes.
Adolescentes desamparados
El abogado indicó que los juicios a los adolescentes tienen un carácter educativo. “En teorÃa deberÃan estar presentes los representantes, pero ninguno ha podido participar. Los adolescentes no pueden cumplir una pena superior a 10 años y se les debe rebajar la condena si admiten su responsabilidadâ€.
Alertó que a los adolescentes les están haciendo audiencias masivas. “Muchos tienen más de 45 dÃas y no han sido acusados, los imputan de manera telemática sin especificar conductas individuales, como si se tratase de una misa colectiva. La mayorÃa no ha recibido visita de su familiares, no les pueden suministrar alimentación, desconocen de su salud, lo poco que saben es que están bienâ€.
GarcÃa sentenció que al admitir la culpabilidad al acusado debe rebajársele un tercio o la mitad de la sentencia, pero en delitos como terrorismo corresponde un tercio.
El abogado acotó que ante estas irregularidades la DefensorÃa del Pueblo brilla por su ausencia.
“Conozco muchos familiares que han acudido y no han obtenido respuesta alguna, la DefensorÃa solo existe en la Constitución, es una sede, pero no conocemos más nada, es totalmente grisâ€. GarcÃa indicó que con lo estipulado en el nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, es suficiente para que la DefensorÃa del Pueblo abra una investigación de oficio.
“En Venezuela hace falta más educación en vez de construir más cárceles, se están construyendo prisiones para un sector especÃfico de la población, un sector que siente que le fueron vulnerados sus derechos polÃticos por medio del sufragioâ€
El abogado informó que desde 2014, los cuerpos de seguridad del Estado han practicado más de 17 mil detenciones por razones polÃticas, de esas a 9 mil personas les aplicaron medidas cautelares. “El patrón ha sido igual, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos sin órdenes judiciales, torturas, incomunicación y ausencia de defensaâ€.
GarcÃa denunció que la “Operación Tun Tun†se ha venido practicando desde hace tiempo.
“La autonomÃa judicial no existe, hay una cadena de mando y eso es grave porque todos los venezolanos estamos indefensosâ€.
El abogado indicó que pese a que no hay una suspensión de garantÃas, en Venezuela no existe el estado de derecho. “Es una sociedad de barbarie, nadie está a salvo. La persecución por razones polÃticas está establecida como un crimen de lesa humanidad. Hablar de justicia en este paÃs es forzar el concepto, porque no la tenemosâ€.
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