Por: Francisco Zambrano
El pasado 2 de abril fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, instrumento que consta de 30 artÃculos y contempla penas de hasta 12 años para quienes promuevan actos asociados al fascismo.
Este martes 9 de abril, la quinta edición de La Conversa, espacio de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual, llevó por tÃtulo Como la Ley contra el fascismo nos afecta a todos.
En el programa moderado por la coordinadora de la ARI, Ronna RÃsquez, y donde participaron los directores de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco; El Pitazo, César Batiz y TalCual, VÃctor Amaya, defensores de derechos humanos como Laura Louza de la ONG Acceso a la Justicia y Marino Alvarado del Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea), cuestionaron el instrumento jurÃdico que pretende aprobar el gobierno de Nicolás Maduro.
“Esta ley es un antes y después en Venezuela, cambia el sistema penal, lo transforma en algo totalmente represivo y no de garantÃasâ€, dijo Louza.
En su comparecencia al Parlamento para promover la ley, la vicepresidenta de la República, Delcy RodrÃguez, definió al fascismo como un “método de violencia polÃtica†y puso como ejemplo las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.
Entre los aspectos que han llamado la atención a miembros de la sociedad civil, destaca una sanción de entre 8 y 12 años de cárcel e inhabilitación para cargos públicos para todo aquel que “solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentasâ€.
También sobresalen multas de hasta 100 mil dólares para medios de comunicación electrónicos o impresos que divulguen mensajes fascistas, revocación de concesiones a canales de televisión y emisoras de radio y la disolución de partidos polÃticos que promuevan este tipo de conductas.
“La ley forma parte de un andamiaje jurÃdico que empezó a constituirse desde la administración del presidente Hugo Chávez y que ha tenido como objetivo cerrar espacios a la disidencia, criminalizar a las voces crÃticas y darle legalidad a una represión que ha llegado a niveles de delitos de lesa humanidad señalados por la Misión de Determinación de Hechos de la ONUâ€, sentenció Alvarado.
Claves | ArtÃculos de la ley contra el fascismo que aumentarÃan la censura y autocensura
Interpretación a conveniencia
Al igual que la vigente Ley contra el Odio, la que propone el chavismo ante el fascismo abarca conceptos difusos, amplios y subjetivos.
“Se trata de conceptos jurÃdicos indeterminados y eso es lo que no debe considerarse un hecho punible porque da pie a que cualquier hecho sea un delitoâ€, expresó Louza.
De acuerdo con Amaya, esta es una ley de riesgos, no de hechos. “En términos jurÃdicos castiga las intencionesâ€.
Para Blanco, el proyecto presenta ambigüedades y tiene “todo el espÃritu de un estado totalitarioâ€.
Pero el madurismo se defiende y argumenta que la ley es necesaria porque en los últimos 25 años hay sectores que “acuden a la violencia como forma de acción polÃticaâ€.
Además de amenazar a la libertad de expresión y asociación, el instrumento legal criminaliza la protesta y otorga licencia a funcionarios para disolver manifestaciones incluso antes de producirse.
“Es muy grave criminalizar el pensamiento porque con eso se acaba la libertad de expresión y asociación, esta ley legaliza la persecución de cualquiera que piense distintoâ€, dijo Louza.
Batiz colocó como ejemplo de la persecución a la disidencia, la reciente detención de cuatro personas en el estado Mérida por enviar mensajes de WhatsApp donde criticaban la gestión del gobernador Jehyson Guzmán.
Para Alvarado, la aprobación de este proyecto de ley constituye un retroceso más de la democracia venezolana.
“Este proyecto si llega a transformarse en ley va a generar mayor riesgo para los lÃderes sociales, polÃticos y cualquier persona que pretenda defender algún derechoâ€.
¿Otro Dakazo?
En La Conversa también hubo espacio para analizar la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien después de un año de desaparición fue mostrado por la gestión madurista como una especie de trofeo contra la corrupción.
La “captura†de El Aissami fue comparada con el “Dakazoâ€, periodo en que un incipiente gobierno de Maduro obligó a las tiendas de electrodomésticos Daka a vender por debajo del precio regular en la vÃspera de las elecciones municipales de 2013.
También ponderaron una posible estrategia de reconciliación con Estados Unidos, cuya justicia ofrece una recompensa de millones de dólares por El Aissami por supuestamente “desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de drogasâ€.
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