Cuando las autoridades hablan de la palabra “enfrentamiento” el saldo es casi siempre el asesinato de personas. La ONU ha documentado las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Cuando estos casos ocurren parece que hay una doble muerte, la de la persona a la que asesinan y la de su madre

Cuando sonó el primer disparo, el corazón de Lucía le dio un vuelco. Llora, se quiebra, aprieta sus manos, está nerviosa. El recuerdo de ese día le duele, le asusta. Ese día de enero en el que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, Faes, entraron a su casa y mataron a su hijo en su cuarto.

“Yo ahí sentí que me lo habían matado”. Pero esa detonación no fue la única que escuchó. Después vino otra, casi seguida, lloró, se desesperó. Han pasado dos años y siente el mismo dolor y el mismo miedo. Esa tarde, después de los dos disparos, el sonido del teléfono celular de su sobrino le corroboró lo que su corazón de madre presentía.

Al sobrino le habían enviado un video en el que se ve cómo sacan a su hijo muerto de su cuarto y como lo montan en la parte de atrás de una camioneta. Se ve cuando uno de los funcionarios se devuelve y busca los zapatos de goma de su hijo y los pone en la parte de delante del vehículo y después se van.

El video lo pasó un testigo que estaba grabando desde otra casa y que lo compartió de inmediato. Ver a su hijo, muerto, no le permite a Lucía describir de qué tamaño es el dolor de una madre a la que le matan a un hijo. No sabe explicar cómo suenan los disparos que significan muerte y menos cuando esos disparos matan a lo que más ama una madre.

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Vestidos de color muerte

Ese día de enero, a la 1.00 de la tarde, Lucía estaba en su cuarto. Era lunes y con ella en la casa estaban su hija, dos nietos y su hijo Juan Diego de 24 años. Dice que salió a la sala porque sintió que alguien había entrado a la fuerza a su casa. “Era un hombre vestido de negro con pasamontañas y arma larga. Se metió y ya, cuando me di cuenta, lo vi casi encima de mí en la sala”.

Lucía le preguntó por qué entraba así a su casa y el hombre le dijo: “Señora, no se preocupe que esto es un operativo de rutina. Estamos aquí para cuidarlos”. Pero horas después, ese operativo se convirtió en el día más triste para Lucía. El día que ajusticiaron a su hijo.

“Según él había un operativo y estaban buscando a unos delincuentes en el sector. Y yo le pregunté: ¿pero por qué entran en mi casa así si aquí no hay delincuentes? y me dice: no señora, no se preocupe, vamos a revisar porque esos delincuentes están enconchaos en alguna casa”.

El funcionario le preguntó a Lucía sobre su hijo y le dijo que Juan Diego estaba durmiendo en el último cuarto con la puerta abierta porque se había dañado el aire acondicionado.

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Le pidieron que saliera con su hija y los dos niños. Un segundo funcionario entró a la casa y le preguntó qué hacía su hijo y ella le contó que arreglaba computadoras y teléfonos. Fue en ese momento en el que les dijo a ambas que debían salir de la casa y que fueran a casa de una vecina. Lucía y su hija no se querían mover de allí porque querían saber qué pasaría con Juan Diego, pero nadie les daba respuesta.

Las llevaron a otra casa y la pregunta recurrente de Lucía era: “¿Por qué no sacan a mi hijo?” y la respuesta de los funcionarios era la misma: “No se preocupe, vamos a tomarle declaración a él. No se preocupe, no va a pasar nada”.

Desde la casa de la vecina, Lucía y su hija miraban para su casa y vieron cuando entraron dos hombres más. Recuerda que uno tenía mayor rango que el resto y que el otro también estaba vestido de negro y también tenía pasamontañas.

El primero que llegó a la casa con el arma larga, vestido de negro y con pasamontañas, no salió más.

Una funcionaria acompañaba a Lucía y a su hija en la casa de la vecina. El que Lucía dice que era el jefe le dijo que su hijo tenía la puerta cerrada. Ella no podía saber si era cierto o no porque la habían sacado de su casa. Autorizó entonces a que la tumbaran y les rogó: “No le hagan daño, por favor. No me le vayan a hacer daño”.

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Ejecuciones documentadas

A Lucía nadie le respondía por qué no sacaban a su hijo del cuarto. La hija de Lucía gritaba desesperada que dejaran salir a su hermano. Todos en el barrio donde viven estaban expectantes, asustados, confundidos.

Sin explicar, sin aclarar qué pasó, sin dar respuesta a sus inquietudes, sin decirle a su madre que lo habían matado, uno de los funcionarios le dijo que su hijo tenía 20 denuncias hechas por teléfono y que lo señalaban como “azote de barrio”.

Lucía lo negó, le reclamó que dijera eso. “¿Cómo me vas a decir que mi hijo tiene 20 denuncias si él no es un delincuente?”. El hombre no respondió, la dejó en casa de la vecina y se fue.

Para ese momento, ya Juan Diego estaba muerto, los funcionarios de las Faes lo habían asesinado, según denunció su madre. De hecho, este caso está documentado por Human Rights Watch que, entre junio y julio de 2019, entrevistó a testigos y familiares de 9 víctimas de abusos cometidos por agentes de las Faes en Caracas y en otras regiones del país. También entrevistaron a abogados, activistas y periodistas que trabajaron sobre presuntas ejecuciones perpetradas por miembros de estas fuerzas policiales.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, hizo una investigación de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 en Venezuela que tuvo como punto de coincidencia “que agentes de las Faes dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos en circunstancias en las que el uso de la fuerza letal no era necesario para preservar vidas”, se lee en un documento que publicó HRW en su página.

Las Faes se crearon en 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro. Dependen de la Policía Nacional Bolivariana y la finalidad, según dijo Maduro en esa oportunidad era combatir el crimen, el terrorismo y “proteger al pueblo frente a las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal”.

Las informaciones reportadas por la OACNUDH, se suman a las investigaciones del primer informe de la Misión de Determinación de Hechos, que concluyó que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Así lo destacó en su informe de septiembre de 2020. “Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa”.

Además, en el documento señalan al Cicpc y a las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) “como los responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas”.

La recomendación de la Misión de Determinación de Hechos en este caso fue: “Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas”.

El abogado penalista Luis Izquiel dice que “la Faes es el cuerpo más represivo en la historia de Venezuela». Solo entre el mes de enero de 2018 y mayo de 2019, la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, había registrado más seis mil ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

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“A mi hijo lo ajusticiaron”

A la hija de Lucía y hermana de Juan Diego le tocó reclamar el cuerpo. Recuerda que le comentó ese día que cuando estaba en la morgue “llegaron muchos cuerpos y llegaban los familiares y hacían comentarios y todas las situaciones que se presentaban eran las mismas, el mismo modus operandi de lo que pasó aquí”.

Le sorprendió que era como si le estuvieran contando su misma historia, su mismo momento trágico. “Decían que habían llegado a las casas, que habían sacado a los familiares, que los habían acribillado en el patio, que los habían acribillado en la cocina. Puros muchachos que los familiares decían que no eran delincuentes y entonces, allí me di cuenta yo que mi hijo fue uno más de tantos que en el transcurso de esa semana habían ajusticiado esos asesinos”.

El certificado de defunción, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, indica como motivo de la muerte un “shock cardiogénico” y una “lesión cardíaca” causada por arma de fuego. La autopsia determinó que una bala alcanzó a Juan Diego en el corazón y la otra del lado derecho, dijo su madre.

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Cuando le tocó declarar en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, uno de los comisarios le dijo que su hijo era víctima “de un operativo mal aplicado” y otro comisario le dijo a su hija que lo que hubo fue “un sicariato”. Después la remitieron a la fiscalía 45. Desde ese momento, no la han citado para declarar ni a ella ni a los testigos.

Pide que se elimine ese cuerpo de seguridad porque sigue leyendo informaciones que los involucran con casos similares a los de su hijo. Lucía trata de mantenerse en pie y quiere mantener su lucha.

Quiere que haya justicia. Está convencida de que hubo una ejecución extrajudicial con Juan Diego, y por eso se pregunta: “¿Van a seguir matando a nuestros hijos? ¿Vamos a seguir permitiendo que acaben con todos nosotros?”.

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Las lágrimas de sangre de Aura

Aura tuvo 12 hijos y desde hace un año vive con el miedo en el cuerpo. Su familia huye a diario de las amenazas de un funcionario de la policía regional del estado Zulia que vive en el mismo sector que ella. Mató a uno de sus sobrinos, mató a su hijo y ahora amenaza de muerte a su hijo discapacitado que está desde hace 11 años en silla de ruedas.

Aura asegura que el funcionario mató a su sobrino de 18 años y dice que el hombre lo gritó a los cuatro vientos en el sector donde viven. Por este hecho, la mujer lo denunció ante el Ministerio Público y en la sede de la Policía Regional donde este funcionario trabaja. Por esta razón el hombre juró vengarse.

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“Yo lo denuncié en la sede de la policía regional y en la fiscalía y él dijo en el barrio: ella va a llorar lágrimas de sangre y lo logró porque me quitó lo que yo más quería, a mi muchacho. Él me mató junto a mi muchacho”.

El hijo de Aura, Jorge, tenía 22 años. En una oportunidad había estado preso, cuenta su mamá porque “le sembraron dos bolsitas de droga”. Estuvo detenido pocos días, salió con régimen de presentación, cumplió con sus citas y se dedicó a trabajar. Iba a la iglesia y estaba a punto de casarse con su novia.

Lo asesinaron un día de diciembre en su mismo barrio. Sabía de la amenaza y cuando estaba llegando a casa de su mamá vio una comisión de la policía cerca. “Cuando él los vio corrió para su ranchito y le dispararon por la espalda”.

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Con esa herida de bala pudo saltar al rancho del vecino, entró, agarró a un bebé y lo puso como escudo, le pidieron que soltara al niño, lo hizo y siguieron disparando. “Todos los tiros se los dieron por la espalda”.

La madre cuenta que su sobrino de siete años cuando vio lo que pasaba corrió a avisarle a su papá que a Jorge le estaban disparando. El niño y otros testigos vieron al funcionario en el grupo que le disparó al joven. “Cumplió la amenaza y lo mató y yo no tengo vida”.

Cuando el policía dijo en el barrio que se vengaría de Aura, la mujer puso en venta unos chivos que tenía para sacar a su hijo del país y enviarlo a Colombia. “No me dio tiempo. Con el dinero de los chivos lo que pagué fue su entierro”.

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Los números de Zulia

Entre enero y junio de 2021, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez, registró 122 hechos violentos que fueron calificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes. Para el primer semestre de 2021, se registraron 158 muertes por violencia policial.

Otro de los datos que documenta Codhez es que cuatro cuerpos de seguridad causaron el mayor número de muertes violentas en Zulia. “El Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) causó la muerte de 33 personas (20,89%), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 25 (15,82%); el Equipo de Respuesta Especial (ERE) 13 (8,23%); y la Guardia Nacional (GN) 11 (6,96%)”.

Llama la atención que en el caso de Juan Diego sólo sonaron dos disparos y los dos disparos los tenía el joven en el cuerpo y, en el caso de Jorge, los disparos los recibió en las espalda. La minuta policial reseñó en ambos casos que fue un “enfrentamiento”.

*Los nombres de las víctimas y sus familiares fueron cambiados para protegerlos.

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Este es el cuarto de cinco reportajes que comprenden Rostros de la Emergencia, un seriado de crónicas promovido por Codhez y presentado en alianza con El Pitazo, para visibilizar historias que merecen ser contadas en el contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.