Crisis en Venezuela propicia condiciones para la trata de personas

Caracas.- El asesinato de la venezolana Kenni Finol, hallada muerta en México el 25 de febrero de 2018, es uno de los incontables casos de mujeres que caen en redes de delincuencia que usan a personas como mercancía. La trata de personas es un crimen que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció en el año 2000 y que busca prevenir, reprimir y sancionar con el Protocolo de Palermo.

Pese a que Venezuela suscribió el documento, se convirtió en un país con condiciones que propician la ejecución y expansión de la trata de personas incluso fuera de las fronteras venezolanas. Las políticas que se implementaron en los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y que continuaron en el mandato de Nicolás Maduro repercutieron en la vulnerabilidad de la ciudadanía. Finol emigró del estado Zulia a Ciudad de México en 2015 en búsqueda de un futuro con oportunidades.

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La opacidad de cifras oficiales en Venezuela dificulta aún más determinar cuántas venezolanas comparten la historia de Finol. De acuerdo con la asesora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), abogada y socióloga, Lilian Aya, colombianas, ecuatorianas y peruanas eran los gentilicios que prevalecían en el país cuando de prostitución se trataba. Venezuela era un país receptor de víctimas extranjeras y tenía casos internos y externos.

Pero el repunte de venezolanas involucradas en redes de delincuencia organizada para servicios sexuales fue directamente proporcional a la crisis política, económica y social del país. Aya señala que la desesperación es un elemento vital del delito. “Mientras la crisis se agudice en Venezuela, vamos a encontrar más víctimas de trata. La ola migratoria hace mucho más dramática la situación. La expone. En 2018 hubo efectivamente un repunte”, corrobora la asesora de la OIM.

Hoy, Venezuela pasó de ser un país receptor de víctimas de trata a ser un país de origen y destino, como lo señaló el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe sobre tráfico de personas de 2017. El documento indica que mujeres y niñas, de zonas rurales y urbanas, son objeto del tráfico de personas para el turismo sexual dentro del país. Agrega que oficiales venezolanos y extranjeros reportaron haber identificado a víctimas de tráfico de personas para servicios laborales y sexuales provenientes de América del Sur, islas del Caribe, Asia y África en Venezuela. El informe agrega que las venezolanas son forzadas a prostituirse en diversas islas del Caribe, en especial Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago.

Además del protocolo de Palermo, el país ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Según la asesora de la OIM, son reglamentos que quedan en papel.

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