Al menos nueve sindicalistas se encuentran bajo arresto en el país, tras las recientes detenciones de Rusbelia Astudillo y Roberto Campero. Distintos gremios rechazan una «represión inaudita» por parte de la administración de Nicolás Maduro, que no ha atendido los reclamos salariales pese al diálogo social que mantienen con la supervisión de la OIT

Por La Hora de Venezuela

La represión ha alcanzado por igual a la sociedad civil y gremialistas en Venezuela. En menos de 48 horas, dos dirigentes sindicales fueron detenidos de forma arbitraria mientras Nicolás Maduro ha llamado a «trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional».

«Ha llegado el momento que el gran movimiento de trabajadores arranque un proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, del sindicalismo envejecido, agotado», dijo Maduro en un acto con maestros el jueves 14 de agosto.

Esa misma noche Roberto Campero, presidente de Sitraenseñanza en Aragua, fue arrestado dentro de su vivienda –ubicada en Turmero– por efectivos que no mostraron una orden judicial y se llevaron varias de sus pertenencias. Un día antes, la abogada Rusbelia Astudillo, parte de la directiva de la Federación de Jubilados y Pensionados, también fue detenida.  

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV, ha señalado que se está ante una «represión inaudita» que abarca a todos los sectores.

«Rechazamos la forma en la que se reprime a los trabajadores, al pueblo venezolano, pero además se vilipendia. Tenemos el caso de las Madres en Defensa de la Verdad en el Tribunal Supremo de Justicia», indicó Sánchez en una protesta frente a la Defensoría del Pueblo.

Para José Elías Torres, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), hay una «satanización» contra los trabajadores «sólo porque hacen reclamos contra las políticas del gobierno. Esto violenta los derechos sindicales, violenta el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo».

Dicho convenio no sólo expresa la libertad sindical, sino que defiende la protección del derecho a la sindicación y los límites hacia los Estados para defender a las organizaciones de trabajadores. 

Desde marzo se han detenido al menos siete dirigentes, sin tomar en cuenta los recientes arrestos de Astudillo y Campero, según datos de la CTV y gremios. También se ha registrado hostigamiento y persecución policial contra cuatro sindicalistas, entre ellos José Patines, Carlos Salazar y Leida Brito, quienes integran la Coalición Sindical y cuentan con medidas de protección desde hace dos años por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Mismo patrón contra sindicalistas

Rafael Uzcátegui, codirector del Laboratorio de Paz, señala que el patrón de represión contra sindicalistas es similar al resto de la sociedad civil, pues ocurren «todas las violaciones al debido proceso que se han denunciado para otros sectores».

«Aunque sean detenidos por demandas laborales o reivindicaciones políticas, todas son víctimas de desaparición forzada de corta duración, no les permiten abogados de su confianza para la defensa, no les permiten las visitas familiares y deben pagar por todo», afirma.

El sociólogo comenta además que «cada vez se hace más difícil levantar información», debido a la cantidad de casos que no se denuncian. La organización, pese a llevar un seguimiento, no tiene una cifra consolidada de cuantas personas pertenecientes a organizaciones sindicales están detenidas.

Asimismo, señala que el silencio sobre estas denuncias es consecuencia de varias situaciones. «La primera de ellas el propio miedo de los familiares, algo completamente humano en estas circunstancias. Luego, la presión de los propios funcionarios para que no digan nada, bajo el argumento que eso los pudiera perjudicar. Sin embargo, a raíz del intercambio de rehenes entre el gobierno de EEUU y Venezuela han aumentado las presiones para no hablar por parte de sectores no gubernamentales, ante la expectativa que puedan ser beneficiados de una negociación política».

Entre los sindicalistas detenidos se encuentran Fernando Serrano (jubilado CVG Venalum), Fidel Brito (presidente de Fetrabolívar), Yannys González (presidenta del Colegio de Enfermeros de Barinas), Lourdes Villareal (Sindicato Venezolano de Maestros), Juan Valor (jubilado de Sidor) y Yuri Salas (secretario de reclamos de Sunep-Miranda).

Estos casos han sido denunciados ante la OIT. Explica José Elías Torres que este tipo de reclamos siguen un proceso «un poco largo» para que la organización haga el reclamo formal al Ejecutivo venezolano.

Entre los detenidos también se registra a Ángel Rivas, esposo de la presidenta del Colegio de Enfermería de Bolívar, Maritza Moreno. 

Estas personas principalmente han sido acusadas de incitación al odio y asociación para delinquir. Desde la CTV han exigido información sobre los hechos por los que acusan a los dirigentes sindicales y entregado solicitudes para su excarcelación, algunas de ellas por razones de salud. 

La mayoría están detenidos en comandos policiales, donde los familiares deben llevarles la comida de forma diaria, al igual que los insumos de aseo personal, ropa limpia o medicinas que necesitan. 

«Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios, ante las instituciones que corresponden, para que estos compañeros puedan regresar a sus casas. Tampoco queremos que sean utilizados por organizaciones con fines políticos, ya que la mayoría fue detenida por cuestiones de carácter sindical», dice José Elías Torres.

Mientras que desde el 11 de junio de 2023 está detenido el sidorista Daniel Romero, cuya familia ha solicitado en varias oportunidades medidas de excarcelación debido a sus problemas de salud.

Romero, quien está recluido en la cárcel de El Rodeo I, fue arrestado durante una huelga a las puertas de Sidor, al igual que Leonardo Azocar y Josué Tremaria. Estos últimos fueron excarcelados luego de un año. 

Además, sindicalistas del sector petrolero han denunciado la detención de más de 100 trabajadores que laboraban en la Faja Petrolífera del Orinoco, el llenadero de gandolas de Cardón y las refinerías de El Palito y Amuay.

«Sus familias desconocen su paradero, solo se afirma que estarían en Yare II y Yare III, incomunicados y sin visitas. No tienen abogados, no han sido imputados ni presentados ante un juez. Es una tragedia laboral y humana, reflejo de la ausencia total de Estado de derecho», ha dicho Iván Freites, secretario de profesionales y técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros.

El presidente de la CTV insiste en que «vamos a seguir organizando a los trabajadores, seguir la protesta en forma pacífica dentro del marco de la Constitución. No nos rendimos, vamos con las herramientas que tenemos en la mano, que no es otra cosa que la institucionalidad».

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