Los engranajes del sistema de justicia del país centroamericano evitan investigar los abusos de derechos humanos cometidos por la Policía. Los autores de un crimen contra una familia en 2015 hoy están libres, participan de la represión del Estado y son condecorados por el Ejecutivo

En una pared del hogar de la familia Reyes Ramírez sobresale un collage con fotos de los hermanos José Efraín y Aura Marina, y su tía Katherine Anielka Ramírez Delgadillo. Los tres fueron asesinados por agentes antinarcóticos la noche del 11 de julio de 2015. La imagen es el recuerdo más visible en la sala-comedor de la vivienda. “Ella (Aura Marina) traía ese vestido el día de su muerte”, recuerda Yelka Nohemi Ramírez, madre y hermana de los asesinados.

La imagen muestra al niño de saco y corbata; a la niña con un traje blanco; y a la tía con un vestido oscuro. El día de su asesinato, José Efraín tenía 11 años; Aura Marina, 12 años; y Katherine, 22 años.

La madre cuenta sin problemas detalles de la imagen, pero no quiere hablar de lo ocurrido la noche del asesinato. “Ya dije todo lo que podía decir”, se excusa. Yelka tampoco quiere referirse a lo que ha pasado años después de la masacre con los oficiales que participaron en la matanza.

Según los registros oficiales, los culpables fueron 14 oficiales. Nueve fueron acusados y condenados, pero ocho de ellos siguen activos en la institución, uno en la vida civil, pese a que la sentencia estableció penas de cárcel que oscilaron entre dos y 11 años, dependiendo del nivel de responsabilidad establecido por la Fiscalía. 

El jefe del operativo, el entonces capitán Zacarías Salgado, tenía una condena que finalizaría en 2026. Sin embargo, esta investigación realizada por CONNECTAS, parte del especial #NicaraguaNoCalla, encontró que sigue en la Policía, y fue ascendido y condecorado por el presidente Daniel Ortega.

El abogado de los familiares, Carlos Alemán, confirmó que, cinco años después de ocurrido el crimen, el caso está pendiente de que se resuelva en el Tribunal de Apelaciones, un impasse legal que no impidió que los ocho oficiales activos recibieran promociones por el presidente Daniel Ortega. 

De acuerdo con un acuerdo presidencial, publicado en la gaceta diario oficial en 2018, fueron condecorados con la Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”, por sus “acciones heroicas a riesgo de sus vidas” y por la “protección de las personas, familias y comunidades”. 

El caso más destacable para los organismos de derechos humanos internacionales fue el del capitán Salgado, que fue ascendido a comisionado en su calidad de segundo jefe de las Tropas de Intervención Rápida (Tapir), un grupo élite dentro de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, señalado de abusos a derechos humanos. 

Es decir, Salgado, un experto francotirador, fue promovido dos rangos por encima del que tenía cuando ocurrió el crimen, lo que contrasta con la propia ley nicaragüense, que establece una permanencia mínima de cinco años en el cargo cuando se trata de capitán y otros cinco en el grado siguiente. Según eso, el jefe policial solo podría haber sido ascendido al rango de comisionado hasta el año 2025.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Organización de Estados Americanos para investigar los abusos cometidos en 2018, interpretó el caso de Salgado como un mensaje de apoyo a la actuación policial, lo que contrasta con que hasta ahora no se ha informado sobre “la existencia de investigaciones internas para esclarecer responsabilidades”.

Para el abogado de derechos humanos, Gonzalo Carrión, esto solo pudo ser posible por actuación conjunta de la Policía, la Fiscalía y los jueces —parcializados al FSLN— para fomentar la impunidad. “Ellos simplifican (todo el proceso) como se hacen volados (favores) entre ellos, la forma en que capturan, la forma en que investigan y la forma en que acusan y la forma en que condenan” determina el resultado del juicio, explicó.

Subrayó que el caso fue el ensayo de la impunidad policial que vendría después con lo ocurrido en la represión contra opositores en 2018 cuando, pese a los informes documentados de la OEA, no se ha investigado a nadie por las denuncias de abusos.

Oficialmente la masacre fue explicada como un error. De acuerdo al expediente judicial del caso, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional recibió la información de que en el sector de las Cuatro Esquinas, Las Jaguitas, pasaría “un importante cargamento de droga”, para lo cual los delincuentes usarían un vehículo liviano, color blanco, y una motocicleta, como avanzada.

La familia Reyes Ramírez venía de un culto evangélico en el sector de Villa Libertad y, para acortar el camino hacia su vivienda, Milton Antonio Reyes, padre de las víctimas, tomó un atajo por el sector de las Cuatro Esquinas. Ellos viajaban en un vehículo Toyota Corolla, color blanco.

El camino, en ese entonces, era de tierra, estrecho y oscuro, lo que dificultó la visibilidad de los viajeros. Además de Milton y las tres víctimas mortales, en el carro venían Yelka Nohemi; Milton Ezequiel Reyes Ramírez; de cuatro años; Axel Antonio Reyes Ramírez, de 14 años; y Miriam Natasha Guzmán Ramírez, de cinco años. Los dos últimos resultaron heridos de bala.

De acuerdo a los documentos judiciales, el capitán Salgado “por imprudencia” no acató los protocolos policiales para el corte de caminos como la instalación de señales lumínicas para detener a los transeúntes como conos naranjas, bastones, chalecos o guantes fluorescentes, que permitan reconocer que se trata de policías. Sin embargo, todos los oficiales vestían “ropa oscura, cubiertos sus rostros con pasamontañas, y sin señal identificativa alguna”. 

El expediente agrega que los agentes se posicionaron en los costados del camino, divididos en tres grupos, en un tramo de 800 metros. La familia desembocó en ese sector a eso de las ocho de la noche. Salgado “en una acción disfuncional, negligente y sin control de la situación” saltó al camino, por delante del vehículo, y le hizo una señal de alto para que detuvieran su marcha, describe el sumario judicial.

“Los ocupantes del vehículo creen que se trata de un robo, continúan y aceleran su marcha. Los agentes creen que el capitán ha sido arrollado y reaccionan con disparos al vehículo, lo que sucede a lo largo del tramo”, reseña el documento. En total fueron 38 balazos. El vehículo se detuvo porque chocó con una camioneta gris.

El 22 de julio de 2015, la Fiscalía presentó la acusación contra nueve de los 14 oficiales, por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños. La causa fue radicada en el Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, a cargo de la jueza Alia Dominga Ampié, una judicial vinculada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Un día después se llevó a cabo la audiencia inicial, donde los acusados admitieron los delitos y evitaron la realización de un juicio oral y público. 

Tras las confesiones, la Defensoría Pública —a cargo de la defensa de los oficiales— solicitó a la jueza que no siguiera con el juicio y valorara la admisión de hechos como un “acto a favor” de los acusados. La jueza Ampié accedió a la petición de la defensa y tomó como atenuante para imponer penas mínimas que los acusados no tenían antecedentes y la propia confesión del crimen.

La jueza leyó la sentencia el jueves 30 de agosto de 2015, sin la presencia de los familiares de las víctimas. CONNECTAS solicitó un comentario a la oficina de Relaciones Públicas de la Policía Nacional en Managua, pero no respondieron.

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