Cuando la detuvieron suplicó que no la golpearan porque estaba embarazada. Hay elementos que indican que luego habría sido sometida a un aborto forzado. Tiene un hijo de 10 años al que solo ha visto una vez desde 2018. Por los golpes que recibió tiene dificultades para caminar

Emirlendris Benítez es una madre y comerciante venezolana. Desde su detención en agosto de 2018 ha sido víctima de innumerables violaciones de derechos humanos, que incluyen su detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas. Aunque no había realizado ninguna forma de activismo, fue incriminada en una causa política sin que se le permitiera ejercer su derecho a la defensa en un juicio justo. De acuerdo con el relato al que tuvo acceso Amnistía Internacional, el 5 de agosto de 2018 fue detenida de manera arbitraria. Emirlendris Benítez acompañaba a su pareja mientras este prestaba un servicio de transporte en un auto propiedad de ella desde Barquisimeto, estado Lara, hasta Barinas. Benítez consideró que sería una oportunidad para comprar en la frontera alimentos y otros bienes básicos que, en la época, escaseaban en otras zonas del país.

Al toparse con un punto de control de la PNB en Acarigua, estado Portuguesa, los funcionarios pidieron identificación a todas las personas en el vehículo, determinando que los dos pasajeros que requirieron el servicio tenían una orden de detención vigente porque, supuestamente, estaban relacionados con el ataque con drones en contra de Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018 en Caracas, la capital.

A pesar de que Benítez no conocía los eventos, ni las acusaciones en contra de los pasajeros, fue arrestada inmediatamente. Desde la comandancia policial en Acarigua fue trasladada esposada y encapuchada en avioneta hasta Caracas. Su familia no conoció su paradero durante 10 días (constituyendo así otro ejemplo de desaparición forzada) hasta que el fiscal general declaró en televisión que se encontraba detenida.

Emirlendris Benítez relata que durante este primer período de detención en la Dgcim Boleíta habría sido torturada, a pesar de suplicar que no la golpearan porque se encontraba embarazada. También describe cómo funcionarios y funcionarias de la Dgcim la golpearon en la cabeza, orejas, le propinaron patadas, golpes con objetos contundentes en piernas y pies, la asfixiaron con bolsas plásticas, la amenazaron de muerte y con que tenían a su hijo enfermo, además de negarle agua y comida, y tenerla amarrada a una silla de madera durante el período previo a su presentación ante el tribunal.

Aproximadamente dos meses después de su detención, y tras presentar múltiples malestares, fue trasladada a la fuerza a un centro médico donde se le practicó un procedimiento médico ginecológico, sin su conocimiento ni consentimiento. Existen elementos que indican que Emirlendris Benítez habría sido víctima de un aborto forzado. El 9 de julio de 2019 fue trasladada de la sede de la Dgcim en Boleíta al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde está privada de libertad en la actualidad.

En febrero 2023 fue condenada a una pena de 30 años de prisión por un tribunal con competencia en terrorismo, con cargos de homicidio intencional calificado con alevosía en grado de frustración contra el presidente y el alto mando militar, lanzamiento de artefactos explosivos, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

En la sentencia, las pruebas que vinculan a Benítez con los delitos imputados se limitan a su carácter de acompañante de su pareja, quien supuestamente estaría involucrado en el plan original para extraer del país a los presuntos atacantes de Nicolás Maduro. En la sentencia no se deja constancia de cuál fue la contribución de Benítez en el hecho punible que se le imputó. Esta sentencia ha sido apelada por su representación legal.

A causa de la tortura a la que fue sometida, necesita el uso, a largo plazo, de una silla de ruedas para poder moverse. Actualmente, posee una severa inflamación en la columna, las prótesis de glúteos que tiene se han desplazado hasta las piernas y no puede caminar, además de experimentar severos dolores y no contar con tratamiento adecuado debido a la falta de atención médica en el centro penal donde se encuentra recluida.

Las condiciones de reclusión que soporta actualmente son de tal naturaleza que su familia tiene que proporcionarle lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, incluidas agua, comida y medicación. Esta situación se ve aún más complicada porque la emergencia humanitaria limita severamente el acceso a alimentos, medicinas y transporte (permanece encarcelada en Los Teques, a unos 30 kilómetros de Caracas, donde vive su familia). Su hijo de 10 años solo la ha visto en una ocasión desde su detención. Su familia está a su cargo y sobre la ausencia de la madre le dicen que se encuentra trabajando en Los Teques.

Las violaciones de derechos humanos a las que fue sometida Emirlendris Benítez permanecen impunes, a pesar de las múltiples denuncias iniciadas por su defensa legal. Estos hechos suman al patrón de detenciones arbitrarias que ha sido indicado y que, conjuntamente con otros crímenes que cometen de ordinario las fuerzas de seguridad venezolanas, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Su detención ha sido catalogada de arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

Por último, resulta evidente que el hostigamiento y ensañamiento en contra de Benítez no están relacionados con su participación política o con sus ideas en contra del Gobierno, sino que se basan en que era acompañante en un supuesto evento delictivo. Dada la caracterización de la relación de pareja que tenía Emirlendris con la persona que conducía el vehículo, los hechos permiten concluir que está privada de su libertad por razones de género, por estar asociada con otras personas también procesadas por el Juzgado Cuarto en funciones de Control con Competencia Especial en Terrorismo, cuyo involucramiento en el supuesto plan tampoco ha sido esclarecido.

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